10 documentales para entender el conflicto colombiano
Entre los muchos trabajos audiovisuales que se han enfocado en nuestra guerra, elegimos 10 que nos pueden ayudar a entenderla mejor.
Por Miguel Martínez
Más de cinco décadas de conflicto armado no son fáciles de entender. Los actores implicados, los objetivos de los grupos armados, las políticas estatales, los momentos históricos de la guerra e incluso la geografía colombiana tienen una complejidad que requiere hacer una pausa, incluso, frente a la pantalla.
¡PACIFISTA! presenta una selección de 10 documentales que narran el conflicto colombiano desde la voz de sus propios protagonistas. En esta recopilación guerrilleros, paramilitares, soldados, políticos, investigadores y, sobre todo, la población civil, cuentan sus versiones de cómo han tenido que vivir la guerra por más de cincuenta años.
FARC EP – 50 años en monte
El documental del francés Yves Billion sobre el origen de las Farc incluye testimonios de integrantes del secretariado de este grupo guerrillero en los que se explica cómo se conformó esa guerrilla y su evolución hasta 1999, en pleno proceso de paz del Caguán.
Tirofijo está muerto
Esta investigación periodística hace un recorrido por la vida de “Manuel Marulanda Vélez”, cofundador y jefe máximo de la guerrilla de las Farc. Este proyecto fue realizado por la Revista Semana, Imagina US y RCN Cine. Fue publicado varias semanas después de la muerte del guerrillero en las selvas del Meta.
El baile rojo: La historia del genocidio contra la Unión Patriótica
Como resultado del proceso de paz de la guerrilla de las Farc con el expresidente Belisario Betancur en 1985, nació la Unión Patriótica como partido político que reunía a varias vertientes de la izquierda, incluyendo a antiguos combatientes guerrilleros. Tras alcanzar posiciones en diferentes corporaciones estatales, la UP fue víctima de un exterminio sistemático que se calcula en cerca de 5.000 muertos. Este documental relata la historia del partido político desde su inicio hasta su exterminio.
Impunity
Impunity es una radiografía del modelo de justicia transicional que se implementó para facilitar la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Desde la perspectiva de las víctimas de estas agrupaciones armadas, Juan José Lozano y Hollman Morris, directores del documental, plantean una reflexión sobre las falencias de la ley de Justicia y Paz.
Falsos positivos
Simone Bruno y Dado Carrillo reconstruyen en este documental la historia de dos familias víctimas de los llamados falsos positivos, como fueron conocidos los asesinatos de civiles por parte de integrantes de fuerzas del Estado que eran presentados como bajas en combate a cambio de beneficios para los uniformados.
No hubo tiempo para la tristeza
El Centro Nacional de Memoria Histórica lanzó en 2012 su informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, un resumen de 50 años del conflicto colombiano. “No hubo tiempo para la tristeza” es la versión audiovisual de dicho informe y trata de explicar la resistencia de varias comunidades a los embates de la guerra.
Colombia atrapada en el fuego cruzado
El 28 de abril de 2012 Romeo Langlois, un reportero francés de 35 años, corresponsal del canal France 24 en Colombia, acompañó a un escuadrón antidrogas en una de sus operaciones en el municipio La Montañita, en Caquetá. El periodista resultó herido y secuestrado por un grupo de guerrilleros de las Farc.
Paramilitares en Colombia: Águilas negras
Después de la desmovilización de los grupos paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, la reunificación de antiguos combatientes en nuevas organizaciones armadas, conocidas como bandas criminales, impidió que muchas comunidades evidenciaran un cambio real en sus condiciones de vida. Este documental retrata el caso de las Águilas negras.
Colombian´s hidden killers
Una de las técnicas usadas por las guerrillas para defender su territorio e impedir la entrada de otros grupos armados ha sido la plantación de minas antipersonal, artefactos que explotan al ser pisados y que causan heridas y amputaciones a sus víctimas. VICE presenta este documental sobre las víctimas de estas armas no convencionales.
Los rostros de la memoria
Tantos años de guerra en Colombia han dejado más de 220.000 muertos, más de cinco millones de desplazados, más de 27.000 secuestrados y miles de víctimas de otros delitos. En total son más de seis millones de víctimas contabilizadas solo a partir de 1958. La construcción de memoria es parte importante de los procesos de reparación y este documental resalta las iniciativas de las comunidades por mantenerla viva.
El mensaje de “Karina” y “Samir” a las víctimas de La Chinita
Dos de los guerrilleros más emblemáticos de Urabá, hoy desmovilizados, enviaron un mensaje a los familiares de 35 personas asesinadas por las Farc en 1994.
Una mujer del barrio Obrero, en Apartadó, dice que fue una guerrillera fuerte y con voz de mando quien comandó la masacre. Ese día, el 23 de enero de 1994, una cuadrilla del V frente de las Farc disparó contra un grupo de personas que participaba en una fiesta popular en ese sector; una invasión conocida como La Chinita donde vivían cientos de trabajadores bananeros y varios desmovilizados del EPL. Murieron 35 personas. Se dijo entonces que las Farc pretendían cobrarles a los antiguos guerrilleros su traición a la lucha revolucionaria.
Esa habitante del barrio, como muchos otros sobrevivientes, asegura que esa mujer, la persona que comandó la matanza, fue Elda Neyis Mosquera, alias “Karina”, la jefe guerrillera que se desmovilizó en 2008 para convertirse en “gestora de paz”, como la llamó el expresidente Álvaro Uribe.
Hoy permanece recluida en la brigada XVII de Carepa, muy cerca de Apartadó. Paga una sentencia de ocho años —a la que fue condenada en el marco de Justicia y Paz— en un apartamento de esa unidad militar y sigue negando su participación en la masacre.
Junto a Danis Daniel Sierra Martínez, alias “Samir”, otro de los desertores de las Farc declarado “gestor de paz” por el gobierno Uribe, también recluido en ese lugar, ofreció su versión y envió un mensaje a los sobrevivientes que, el próximo sábado, conmemorarán los 22 años de la muerte de sus amigos y familiares.
“Karina” y “Samir” comparten un galpón de pollos que hoy está vacío y un corredor que sirve como sala de recibo de sus casas. Coinciden en muchas de sus posturas sobre el proceso de paz, la situación actual de las Farc y en que ninguno de los dos tuvo que ver con la masacre.
Sin embargo, los dos exguerrilleros, que aseguran ser considerados traidores por las Farc, respondieron a la carta que hace dos semanas enviaron las víctimas a los negociadores de esa guerrilla pidiendo que aceptaran su responsabilidad en los hechos y pidieran perdón.
“Una masacre absurda”
“Karina” y “Samir” coinciden en que la masacre fue una acción inconsulta de “Mario Vélez”, un mando medio del V frente. Según esa versión, el guerrillero decidió, por su cuenta, tomar venganza contra los desmovilizados del EPL por la muerte de su hermano en uno de los tantos combates de las Farc contra esa agrupación por el control de Urabá.
“Eran dos hermanos, ‘Mario’ y ‘Carlos’. Estaban juntos y en un combate que hubo con el EPL dieron de baja a ‘Carlos’. Desde ese momento ‘Mario’ guardó su venganza contra todo lo que olía a EPL. El día de esa masacre le dijo a ‘Nicolás Gómez’ el jefe de milicias en Urabá, que iba a cumplir una orden a La Chinita. ‘Nicolás’ le creyó, le entregó un personal, recogieron a estas personas y las masacraron”, dice “Samir”.
Esa versión la han entregado ambos en las audiencias que se les adelantan en el marco del proceso de Justicia y Paz. También se lo han dicho directamente a las víctimas que, sin embargo, no olvidan a la mujer que comandó la masacre, tampoco olvidan que casi un mes antes, muy cerca de la Navidad de 1993, circuló en el barrio un panfleto en el que se decía que no alcanzarían los ataúdes para enterrar a los muertos.
Vea también: La Chinita y el amargo recuerdo de una amenaza en Navidad
Hoy, más allá de las versiones encontradas y de una verdad que para las víctimas aún está pendiente, los exguerrilleros quisieron responder al llamado que les hizo la comunidad para la conmemoración.
“Yo aporto mi parte porque eso fue lo que conocí teniendo en cuenta que en esa época estaba en el frente 58, pero fue un tema supremamente reconocido por todos los combatientes. ‘Mario’ fue castigado, pero se salvó de que lo fusilaran porque su familia era muy querida en las Farc, aunque mucha gente no estaba de acuerdo. Me llena mucho de tristeza porque se está conmemorando a las víctimas de una masacre absurda. A esas familias, especialmente, una voz de condolencia y les recordamos que estamos dispuestos las veces que quieran a interactuar con ellos para ayudar a construir esa verdad”, dice Samir.
‘Iván Márquez’ nos mostró la portada de la revista Semana en que salió el entierro de todas esas personas, nos dijo que era doloroso.
“Karina”, por su parte, asegura que para la época de la masacre estaba con la unidad que comandaba cerca del municipio de Mutatá, también en Urabá. Dice que se enteró por la radio y que, después, en una conferencia citada por “Iván Márquez” con la presencia de varios comandantes del Bloque José María Córdova, del que hacía parte el V frente, conoció los detalles sobre lo que sucedió en Apartadó.
“Fue en una conferencia en la vereda Porroso. Estaba el bloque reunido, había gente del 5 del 34 y del 57. ‘Iván Márquez’ nos mostró la portada de la revista Semana en que salió el entierro de todas esas personas, nos dijo que era doloroso y nos narró quién había cometido eso y por qué lo había hecho. Nos dijo que en esa zona sí había algunas personas que eran objetivo militar de las Farc, pero que esos ajusticiamientos debían hacerse selectivamente y no colectivamente”, afirma la exguerrillera.
Vea también: La carta de las víctimas de La Chinita a las Farc
En su mensaje a las víctimas, Karina pide perdón. Dice que si bien no asume la responsabilidad directa, sí lo hace por haber integrado la guerrilla y el frente que cometió la masacre. “Este sábado se celebra otro aniversario más de ese doloroso acontecimiento, de algo que no debió haber pasado. Lamentablemente, en un país en conflicto se dan estos hechos dolorosos y absurdos. Quiero mandarles un mensaje a las víctimas con todo mi corazón: los invito para que juntos tomemos el camino de la reconciliación y emprendamos el camino de la construcción de un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos”, dice “Karina”.
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Espere en una próxima entrega la historia de “Karina”, su visión sobre el proceso de negociación, su papel como “gestora de paz” y su reclusión en la brigada de los hombres a los que combatió cuando estuvo en la guerra.
¿Devolverá Medellín las casas despojadas durante el conflicto?
Más de mil familias han solicitado restituciones. El papel de la nueva alcaldía será clave para iniciar los procesos.
Azotada por el narcotráfico, las guerrillas, las milicias, los paramilitares y las bandas criminales, Medellín se ha convertido en una víctima colectiva. Allí, en la segunda ciudad más grande del país, pocos se han escapado de conocer algún rostro de la guerra. Una de esas aristas, la del despojo y el abandono forzado, ha impedido que al menos 1.214 familias puedan vivir en sus propias casas.
La cifra es de la Unidad de Tierras, que ha recibido igual número de solicitudes de restitución en la capital de Antioquia. Como paso previo a la devolución de esos predios, la Unidad acaba de elaborar 28 mapas sobre el despojo en Medellín, en los que pudo ubicar 970 de las más de 1.200 solicitudes. Se trata de dos mapas generales, 21 por cada comuna y cinco por periodos de tiempo, que van desde 1991 hasta 2015.
De los 970 hechos, 454 corresponden a abandonos forzados y 455 a despojos, que están directamente asociados con el conflicto de la ciudad. La mayoría de los reclamantes son desplazados intraurbanos, de los cuales el 84% permanece en algún lugar del Valle de Aburrá.
A partir del mapeo, la Unidad pudo determinar que el mayor número de reclamaciones son sobre predios de la comuna 13, con el 17% del total; de la 8 o Villa Hermosa, con el 14%; de la 1 o Popular, con el 13%, y de la 60 o San Cristóbal, con el 7%. Esos sectores han sido escenarios de guerra durante décadas, por ser corredores para el tráfico de armas y drogas desde Medellín hacia Urabá, y hacia el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio.
De acuerdo a las solicitudes, el mayor número de casos se presentó entre 2010 y 2014. Hasta 2012, la ciudad vivió fuertes enfrentamientos por cuenta del vacío de poder que dejó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante y exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “don Berna”, cuya sucesión en la “Oficina de Envigado” se disputaron Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”, y John Ericson Vargas, alias “Sebastián”.
A ello se sumó el ingreso violento de los “Urabeños” y su abierta confrontación con la “Oficina” por el control de territorios, combos y bandas, y por la cooptación de economías legales para lavar el dinero del narcotráfico.
En 2012, según la Unidad de Víctimas, 11.969 personas fueron desplazadas de Medellín. Un año antes, la Defensoría del Pueblo había informado que la población se encontraba en riesgo por cuenta de “la fragmentación de las organizaciones armadas al margen de la ley ocurrida con posterioridad al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)”.
En esa oportunidad, la Defensoría alertó sobre “la existencia de diversas estructuras armadas que han permitido el desarrollo de acciones violentas de la ‘Oficina de Envigado’ y ‘Los Paisas’, que utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales, el terror, el miedo y la intimidación”. Otro problema eran “las pretensiones de los ‘Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ de ingresar a algunas zonas de Medellín con el fin de reclutar menores de edad, jóvenes o personal desmovilizado de las antiguas Auc, prometiéndoles dinero y otros beneficios”.
Según Paola Cadavid, directora de la Unidad de Tierras en Antioquia, buena parte de los casos de despojo en Medellín son responsabilidad de esas bandas delincuenciales que se disputaron la ciudad desde la extradición de “don Berna”. En su concepto, esos grupos “han visto el despojo como una forma de control territorial, de adherir a sus estructuras una nueva base social o de patrimonialización de nuevos bienes”.
Tras la extradición de “Valenciano” (2011) y “Sebastián” (2013), y luego del supuesto acuerdo al que llegaron en 2013 la “Oficina de Envigado” y los “Urabeños” para cesar los enfrentamientos, los registros sobre desplazamiento forzado en Medellín se fueron a la baja. En los reportes de la Unidad de Víctimas aparecen 8.273 personas desplazadas en 2013, 5.611 en 2014, y 1.907 en 2015. Lo mismo ocurrió con el despojo y el abandono: en 2012 se reportaron 140 casos; en 2013, 74; en 2014, 56, y en 2015, seis.
Para Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal de Víctimas, las características de esos despojos son muy distintas a las de aquellos que ocurrieron en áreas rurales.
En su opinión, “mientras en lugares como Urabá se han identificado intereses sobre la tierra de sectores empresariales y políticos, grandes extensiones arrebatadas, maquinarias para legalizar los despojos y cambios en la productividad, el caso de Medellín tiene otras particularidades. Aquí no se podría decir que hubo una estrategia de ciertos sectores para despojar, porque lo que hay son intereses micro, relacionados con la manera como se está disputando el territorio y que no tienen las dimensiones de lo que pasó en las zonas rurales”.
Paradójicamente, todo apunta a que la restitución en Medellín será mucho más compleja de lo que ha sido en el campo.
Los desafíos de la restitución
Aunque el mapeo es un primer paso para arrancar el proceso de restitución en la ciudad, las instituciones deberán enfrentar retos complejos. Particularmente porque la Unidad de Tierras es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, lo que significa que su actividad se concentra en el mundo rural y que su capacidad para intervenir en las ciudades es limitada.
Según Cadavid, “el proceso de restitución en Medellín implica una coordinación muy alta con la Alcaldía, porque hay que definir asuntos como la oferta de proyectos productivos y el proceso de retorno de las familias. Además, es necesario establecer con entidades como el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Víctimas y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) cuáles serán las estrategias con estas familias retornadas, debido a que eso no lo puede asumir el Ministerio de Agricultura”.
Otro reto es el de la seguridad, tanto para realizar el proceso de retorno como para garantizar que no haya retaliaciones contra las víctimas. Para Cadavid, esos y otros asuntos dependen de la voluntad política del nuevo alcalde, Federico Gutiérrez: “sabemos que hay esa voluntad, pero queremos que los procesos sean sostenibles y necesitamos un gran compromiso por parte de la Alcaldía. Estamos esperando que ellos se involucren en el proceso”.
El éxito de la restitución también depende de que los programas cuenten con un fuerte componente diferencial; el 62% de los reclamantes de Medellín son mujeres y el 18% son mayores de 61 años.
La ciudad también está en deuda con las víctimas en cuanto a la reconstrucción de la memoria histórica sobre el despojo y el abandono. El proyecto ¡Medellín Basta Ya!, que cumple seis meses y que se traducirá en un informe sobre las dinámicas y los impactos el conflicto, aún no ha definido cómo abordará el tema.
Por ahora, el siguiente paso para devolver los predios será establecer qué zonas de la ciudad serán priorizadas. El concepto está estrechamente ligado con las condiciones de seguridad de los barrios en los que se cometieron los despojos, donde las organizaciones criminales aún operan con relativa facilidad.
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